MÁS REFLEXIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN (2004)

MÁS REFLEXIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN

El pasado sábado 27 de marzo el Grup d’Opinió Manifest 2003 d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals convocó a los ciudadanos de Terrassa a participar en un debate sobre una de las grandes cuestiones que afectan a nuestro tiempo —un asunto de especial incidencia en nuestra comunidad más cercana— asistiendo a la mesa redonda «Immigració, integració i interculturalitat». La amplitud de la propuesta permitió que se abordaran bastantes aspectos del tema, pero simultáneamente dificultó que se profundizara demasiado en ninguno de ellos. Valgan estas pinceladas para añadir algunos datos y reiterar lo expuesto en algunos de los puntos del debate.

Cuando se analizó hasta qué punto la percepción negativa de la inmigración, el «miedo» y el «rechazo» están justificados, hasta qué punto la llegada de grandes contingentes de personas de otros países es una «amenaza» real para nuestro bienestar, la principal conclusión de los participantes en la mesa fue la de que allí donde se instalan un número importante de familias e individuos inmigrantes se dan problemas reales de «competencia» por las ayudas sociales, por el empleo y hasta por el espacio público, que es «usado» de distinto modo según las culturas de origen. Pero también se indicó que, aun siendo estos problemas reales y concretos, no es menos cierto que hay un «discurso interesado construido desde el poder», un discurso que «problematiza» la inmigración en su globalidad y que traslada esa percepción a capas sociales mucho más amplias que las que experimentan en su día a día los problemas provocados por la llegada de inmigrantes.

Muchos de los conflictos que se han producido —desde el de El Ejido hasta el de Ca N’Anglada— han sido fruto, en buena parte, de la ausencia de políticas adecuadas para prevenirlos y de la grave carencia de recursos para programas sociales orientados a las capas más empobrecidas de nuestra sociedad, capas a las que golpean con más fuerza problemas como la falta de acceso a una vivienda digna o el desempleo.

No obstante, cuando el 54% de los españoles afirma que hay «demasiados inmigrantes», como señalaba un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) el pasado mes de enero, podemos llegar a la conclusión de que aquí hay algo más que problemas reales. Hay un discurso sesgado, que se difunde a través de los medios de comunicación, pero que ha emanado directamente desde la Administración del Estado: no en vano esta ha sido la principal fuente de información directa de las noticias sobre inmigración que se publican (cerca de un 45%, en los análisis de los últimos dos años) frente a una muy escasa presencia de las que proceden de las organizaciones sociales (un 9%).

Las informaciones «policiales», sobre el control de fronteras, la inmigración ilegal, las actividades delictivas o los episodios de xenofobia, superan en todos los análisis más del 40% del total de las noticias que difunden los medios de comunicación, y no es menos importante señalar que muchas noticias aparentemente «inocuas», como la difusión de cifras del Instituto Nacional de Estadística, aparecen aliñadas con conclusiones de «expertos de la Administración» sobre las «grandes amenazas» que acarrea el crecimiento de la población inmigrante, juicios que casi nunca se contrastan con otras noticias positivas como, por ejemplo, los beneficios económicos para el conjunto de los españoles que se derivan del trabajo de los inmigrantes.

Además, nos advertía la socióloga Kàtia Lurbe en la mesa redonda de Amics de les Arts, muchos de los problemas que se están produciendo ahora mismo en el sistema sanitario público —y que el «discurso dominante» atribuye a la llegada de grandes contingentes de inmigrantes— no son achacables a esta nueva circunstancia. Son problemas —como el de la saturación de ciertos servicios y la falta de personal en algunas especialidades— que ya estaban ahí y que el incremento de demanda se ha limitado a agudizar.

Kàtia Lurbe nos advertía, también, sobre el hecho de que, la solicitud de muchas mujeres de religión islámica de ser atendidas exclusivamente por ginecólogas, también es habitual en un porcentaje muy elevado del colectivo de mujeres autóctonas, pero que nuestra valoración de esa petición varía según percibamos de quién proviene.

¿Tenía razón, pues, quien intervino desde el público del debate para afirmar que el problema para la población española, en general, y la catalana y la egarense, en concreto, no es la inmigración en sí misma, sino de forma exclusiva la inmigración de origen magrebí y de religión islámica, porque, según aseguraba, históricamente nuestras culturas se han percibido mutuamente como «enfrentadas» y «enemigas»?

Esa persona del público planteaba un problema muy serio, el de las comunidades que se encierran sobre sí mismas —en la mezquita, en las tiendas, con los vecinos— a modo de defensa de un entorno que perciben como hostil: «no te dejan entrar en muchos bares», «te miran mal en las tiendas», y señalaba el fracaso de la Administración del Estado en Francia que, con unas políticas de integración impregnadas por el jacobinismo centralista, ha creado más puntos de enfrentamiento que puentes de diálogo.

Romper la dinámica de la creación de ghetto ;se impone como un reto urgente



Así pues, promover el diálogo entre los ciudadanos —un diálogo que sólo puede surgir del mutuo conocimiento y respeto— para romper la dinámica de la creación de ghettos se impone como un reto urgente.

La mesa redonda del día 27 no abordó, sin embargo, un tema crucial en el análisis del actual fenómeno migratorio. Se trata del hecho de que en España viven ya dos millones y medio de personas, un 6,26% de la población, que no son ciudadanos de pleno derecho. Es cierto que una parte de esta población procedente de la inmigración se plantea su estancia como provisional, pero hay una gran mayoría de estas personas, que están construyendo aquí su futuro y el de sus hijos, una mayoría para la que éste es ya definitivamente su país. A esas personas, actualmente, el acceso a la nacionalidad —y por tanto al derecho básico del voto y de la participación en la gestión política y cívica de la comunidad en la que viven— les resulta un camino plagado de escollos con un remoto punto de llegada.

Quizá se deba a que, para algunos, la auténtica «amenaza» no es que en 2010 haya en España más de seis millones de inmigrantes que puedan, eventualmente, «colapsar» la enseñanza y la sanidad pública o el mercado de trabajo; para algunos la amenaza estribaría en que, llegados ahí, ese 13% de la población quisiera corresponsabilizarse del devenir de la convivencia en «su comunidad», ejerciendo plenamente «sus deberes» y «sus derechos». En un país donde la diferencia de un millón de votos cambia un gobierno, esta perspectiva da miedo, mucho miedo, a los poderes tradicionales (aquí y en toda la Unión Europea).

La pregunta clave que todos los ciudadanos debemos hacernos es ésta: ¿si permitimos que se puedan poner límites a los derechos de unos cuántos de nosotros, no corremos el riesgo de que se acaben conculcando los derechos de toda la comunidad?

Adela Farré

Jordi F. Fernández

Miembros del Grup d’Opinió d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals

y cofirmantes del Manifest 2003 d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa

(Publicat a Kaosenkared.net, 19 de maig de 2004)