Ante la crisis económica que estamos padeciendo, creemos que es importante
hacerse ciertas preguntas cuyas respuestas puedan ayudarnos a perfilar
alternativas a las propuestas del neoliberalismo.
¿Han tenido los trabajadores y las trabajadoras algún control sobre
qué hacían las cajas y bancos con el dinero ahorrado «para el día de mañana»?
¿Ha tenido algún control la ciudadanía, los pequeños inversores, sobre qué
hacían las grandes empresas con el dinero de sus modestas aportaciones?
¿Cómo es posible que los directivos de grandes empresas que han dejado
en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras, después de haber alcanzado
grandes beneficios, no tengan que pagar por una decisión que ha provocado
gravísimas consecuencias sociales?
Si se supone que una persona que vive en sociedad debe ser responsable
de sus actos y responder por aquellos que perjudiquen a la colectividad, ¿cómo
es posible que el gobierno del Estado obligue a pagar al conjunto de la
ciudadanía los errores de gestión cometidos por directivos de grandes empresas
y entidades financieras?
Si gobernar es hacer funcionar —siguiendo una línea de conducta
encaminada a lograr el bienestar general— los asuntos de un Estado, ¿es lógico
que las personas elegidas para formar un gobierno se laven las manos cuando,
por una gestión económica errónea o mezquina, una gran empresa o entidad
financiera pone en peligro la salud emocional y física de miles y miles de
personas?
La complejidad de las estructuras económicas, políticas y sociales, y
sus interrelaciones, es tan grande en la época en que vivimos que resulta
imposible aceptar la postura de los directivos de empresas y entidades
financieras que pretenden que la sociedad sea espectadora impotente de su
gestión. No se puede vivir en una ilusión individualista cuando todo está
íntimamente relacionado mediante redes que se entretejen entre ellas. Una
empresa no puede desarrollarse al margen de las otras empresas, una entidad
financiera no puede desarrollarse al margen de las demás entidades financieras,
una persona no puede vivir plenamente al margen de la sociedad, las empresas no
funcionarían sin personas trabajadoras y personas consumidoras, las entidades
financieras necesitan a las empresas y a las personas y viceversa ...
En este contexto, no se puede admitir ninguna irresponsabilidad y creemos
que resulta indispensable disfrutar de una planificación democrática y social
de los bienes y servicios que producen o gestionan las grandes empresas y las
entidades financieras. Esto no significa que un gobierno haga planes y los
imponga, significa que, respetando la libertad de la iniciativa privada, es
necesario que la sociedad disponga de unos mecanismos de control con
participación popular y que el gobierno facilite su funcionamiento. ¿De qué
sirven un ministerio de economía, un banco central o un defensor del pueblo si
estos —que deben controlar a las grandes empresas, a las entidades financieras
o a la administración pública— no son controlados a la vez por la sociedad? De
muy poco, porque sin la mirada crítica de la gente de la calle ya se encargarán
los poderes fácticos de debilitar su vigilancia.
Si se quiere conseguir una mejora del sistema democrático y un aumento
de la justicia social, resultará indispensable exigir el control de las grandes
entidades financieras y productivas ejercido por representantes municipales,
sindicales y populares en sus consejos de administración, y para que la
corrupción no enturbie esa presencia será necesario que exista una fuerte y
amplia implicación popular en la exigencia de responsabilidad social y transparencia
en la gestión de esas grandes entidades.
Jorge F.
Fernández Figueras
Pep Valenzuela
Pérez
(Publicado en catalán en Diari de Terrassa, 4
de septiembre de 2012, i en Catalunya-Papers,
septiembre de 2012, con el título «Planificació democràtica i social».)
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